, Miguel Mora París 16/02/2013

François Hollande prometió durante la campaña electoral que su política de inmigración sería distinta de la practicada por Nicolas Sarkozy. “No habrá expulsiones en masa sino caso por caso”, aseguró el candidato socialista, y ninguna minoría será estigmatizada ni utilizada como chivo expiatorio”. Nueve meses después de llegar al poder, la promesa se ha deshecho como un azucarillo. El ministro del Interior, el barcelonés Manuel Valls, ha superado el récord de expulsiones establecido por su antecesor, el ultraconservador Claude Guéant. 36.822 extranjeros fueron devueltos a sus países en 2012, contra 33.000 en 2011 (un 11% más) y 28.000 en 2010, según datos oficiales. Un tercio de ellos eran ciudadanos europeos: gitanos rumanos y búlgaros.

En las últimas semanas se han producido varios episodios de discriminación de la comunidad romaní que sugieren que, como señalan las asociaciones de derechos humanos, la política de Hollande y Valls es idéntica a la de Sarkozy y Guéant. En Marsella se ha expulsado ilegalmente a mujeres embarazadas y a niños. En el distrito XV de París se ha negado la escolarización a niños gitanos. En la región de la Val-d’Oise se les ha negado el acceso al comedor escolar.

Stéphane Maugendre, líder del Grupo de Información y apoyo a los Inmigrantes (GISTI), ha denunciado “la brutalidad y el maltrato” de las autoridades hacia los gitanos, y ha enfatizado que esa persecución “está sirviendo como moneda de cambio en un contexto económico y social cada vez más crítico”.

El caso más inquietante de discriminación ocurre, está ocurriendo todavía, en Ris-Orangis, una ciudad dormitorio situada a 23 kilómetros del centro de París, al sur del aeropuerto de Orly y muy cerca de Evry, el municipio donde Manuel Valls forjó su leyenda de político-gendarme.

El alcalde de Ris-Orangis, un lugar desolador urbanizado en los años sesenta donde apenas se ven personas de raza blanca, es Stéphane Raffalli, un político socialista de la provincia de Essone, feudo electoral de Valls y del PS. Raffalli declaró la guerra a los campamentos ilegales de gitanos, y puso la vista en un bidonville levantado por varias familias rumanas el pasado mes de agosto sobre un terreno baldío situado bajo la carretera Nacional 7.

Su intención de derribar las chabolas chocó con la opinión del dueño del terreno, el Consejo General (diputación), que se opuso al desalojo. Pero el alcalde no se arredró, y en septiembre se negó a escolarizar en el instituto del pueblo a trece niños del campo. “Es un caso evidente de apartheid”, afirma Sébastien Thiéry, fundador de la asociación Perou, que ha levantado en el campamento una “embajada”, una gran cabaña de madera de pino que hace las veces de Iglesia y de aula de dibujo.

Raffalli alega que las clases están llenas, que los expedientes de los niños están incompletos y que no tiene medios para gestionar “tanta pobreza”, y de momento solo ha aceptado colocar a los alumnos gitanos, que tienen entre 4 y 12 años, en un aula especial, un anejo del gimnasio. Parece mejor que la solución ideada en la periferia de Lyon, en Saint-Fons, donde los niños romaníes están escolarizados desde noviembre en una comisaría. Las ONG han definido este nuevo concepto con la expresión “clases étnicas”, y tanto el ministerio de Educación como el Defensor del Pueblo, Dominique Baudis, siguen exigiendo la inscripción de los niños. Hace una semana, Baudis dio diez días de plazo a Raffalli para cumplir la ley. Pero según apunta Anne, una joven voluntaria del campo, “los alcaldes saben que si los niños están escolarizados es mucho más difícil expulsar a sus familias”.

En el campamento, el viernes fue día de fiesta mayor. La estrella del flamenco Israel Galván, el revolucionario bailaor sevillano, acudió al campamento para bailar y conocer de primera mano la situación de los gitanos. Galván actúa estos días en el Teatro de la Villa de París con su espectáculo Lo Real, una visión sobre la persecución nazi y el Holocausto gitano —Porraimos, en caló—, en el que murieron más de 600.000 romaníes y sintis.

Junto al bailaor, de madre gitana, estaban Pedro G. Romero, director artístico de Lo Real; los palmeros Bobote y Caracafé —residentes en el gueto gitano sevillano de Las 3.000 Viviendas—, y la trianera Carmen Lérida, Uchi, bailaora de vieja estirpe flamenca.

En el campo hay unas 30 chabolas, cada una más precaria que las otras. La tierra es negra y húmeda, y no hay agua corriente ni luz. Aquí viven 130 adultos y 40 menores de edad. Muchos de los niños han nacido en Francia porque la mayoría de familias llegaron hace diez años, explica Dragomir, un joven padre de tres hijos. Cuenta que él vino a París en 2004, que ha sido desalojado “16 veces”, que todos los habitantes del campo son del mismo pueblo —Bius—, y que el 80% son romaníes.

Los anfitriones han colocado una tarima de madera cubierta con una lona de plástico azul para que Galván pueda mostrar su arte, y en la puerta de entrada han pintado una frase del bailaor: “Las fuerzas que un día no tendré las estoy gastando ahora”. Galván y el Teatro de la Villa han invitado a 12 habitantes del campamento a ver Lo Real en directo, y según cuenta Dragomir, la decana, Ivette, de 80 años, lloró viendo el espectáculo, y al leer la frase de Galván en el programa de mano, exclamó: “¡Esa soy yo!”.

Zapatillas de deporte, pantalón naranja y plumífero, Galván baila por bulerías y tonás (uno de los palos más antiguos del flamenco), y al acabar está sobrecogido y feliz: “He visto muchas caras como la de mi abuela”, decía. “Y es impresionante que las fotos de los años cuarenta que usamos para preparar el espectáculo se parezcan a esto. Ahora tiene más sentido la obra. Lo Real es una mirada personal, no política, sobre el genocidio gitano, sobre la muerte. La idea es que, pese a las dificultades, a los gitanos nos salva la alegría, la energía, las ganas de vivir. Ver la alegría de esta gente me hace pensar que hemos acertado, llena de sentido la obra, es como cerrar un círculo. El mejor regalo sería que la función sirva para ayudarles. La acogida de París y de esta gente justifica el trabajo hecho”.

Emilio Caracafé y Bobote, que viven en el gueto levantado en los años sesenta por la dictadura de Francisco Franco para alejar a los calós del centro de la ciudad, no dan crédito a lo que oyen. “Es un crimen que eduquen aparte a los niños. Es como decirles ‘sois distintos y siempre lo seréis’. Igual que decir que todos los payos son ladrones porque roba Urdangarín”, se indignaba Caracafé.

“Lo que está haciendo la alcaldía es ilegal”, les explica el activista Sébastien Thiéry, “y ya pasaba cuando gobernaba Sarkozy. Lo hacen muchos alcaldes de izquierdas y derechas. No es una cuestión de partidos, es la sociedad francesa la que está enferma y obsesionada con los gitanos”.

El problema parece cada vez más real. El viernes, un artículo de la prensa local arrancaba con la siguiente frase de un vecino de Ris-Orangis: “Ha llegado el momento de coger los fusiles de caza”. Pero no todos los franceses tienen esa fijación. Ese mismo día una veintena de voluntarios de todas las edades ayudaba a organizar la fiesta de Galván. Y un vecino llegó a pie con una carretilla acarreando un colchón, y explicó: “He sabido lo que está pasando con esta gente y he decidido que quiero hacer algo por ellos antes de morirme, porque ya tengo 80 años”.

Las ONG esperan que la visita de los artistas dé visibilidad a un problema que cada vez parece ver menos gente en Francia. La polémica de las expulsiones ha bajado mucho de tono porque el Gobierno socialista evita atizar verbalmente la xenofobia, pero los datos indican que los desmantelamientos forzosos siguen aumentando.

Según la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH), que sigue desde hace años las demoliciones, 11.803 gitanos fueron desalojados en 2012. Y el 65% (7.594) lo fueron entre junio, fecha de la llegada al poder de los socialistas, y diciembre. En 2011, Guéant desalojó a 9.396 romaníes, y un año antes, cuando Sarkozy estigmatizó a los gitanos durante su célebre discurso de Grenoble, apenas a 3.300.

La industria de la “expulsión voluntaria” está engrasada desde que se fundó en 2006, y hay incluso autocares especiales dedicados a llevar a los romaníes expulsados hasta los aeropuertos, donde embarcan en vuelos chárter colectivos. Pero en París no es raro ver hoy a familias gitanas durmiendo en la calle, sobre todo Ópera y Bastilla. Cerca de la plaza dedicada a la Revolución está la Oficina de Inmigración e Integración que concede las “ayudas humanitarias para el retorno de ciudadanos europeos”.

Sin embargo, el dispositivo de repatriación parece estar sucumbiendo a sus paradojas: su éxito lo ha convertido en inoperante y demasiado costoso, porque muchos expulsados regresan por segunda vez. El gasto total en 2011 fue de 20,8 millones -9,4 millones para el transporte y 11,4 por la prima monetaria de 300 euros-. Con la crisis, Interior ha recortado el montante de las ayudas y, desde el 1 de febrero, la paga de 300 euros a los adultos pasa a ser de 50 euros. Para los niños, baja de 100 euros a 30.

Este cambio sugiere que las llegadas y expulsiones disminuirán. “El problema es que los que se quedan, como los de Ris-Orangis, no reciben ayuda para sus derechos básicos, una vivienda decente, atención médica y educación, porque Francia sigue sin recurrir a los fondos europeos de ayuda para los romaníes”, explica Sébastien Thiéry.

Aunque parezca mentira, la segunda economía de la zona euro, 65 millones de habitantes de todas las razas posibles, no encuentra la forma de acoger a unos cuantos miles de gitanos por año. El 21 de enero, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa condenó a París por “violaciones manifiestas” de los derechos de la minoría gitana. Las acusaciones no han suscitado la menor reacción del Gobierno, y tampoco de sus aliados de la izquierda radical. Solo protestan los ecologistas, socios del Gabinete, pero tan tímidamente que no rompen el consenso.

Valls, que dedicó tiempo y esfuerzo el pasado verano a justificar su política y explicó que se veía obligado a desalojar porque, según declaró a este diario, se lo pedían “los alcaldes de izquierda”, ya casi no necesita dar explicaciones. Los grandes medios apenas se ocupan del tema, la derecha no rechista, los sondeos —sigue siendo el ministro más popular— respaldan su “firmeza”, y los alcaldes copian su libreto.

Y así, los gitanos siguen siendo los indeseables oficiales, los únicos que parecen no tener hueco en la docta y humanista República francesa. Pese a todo, en Ris-Orangis, los niños, los adultos y los viejos supervivientes del Porraimos no han perdido la alegría ni las ganas de vivir. Aunque, desde luego, las fuerzas que están gastando hoy no las tendrán mañana.

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22/01/2013

36.822 sans-papiers ont été expulsés de France en 2012. Un record annoncé par Libération et confirmé mardi par l’entourage du ministre de l’Intérieur Manuel Valls. Le chiffre est en augmentation de 11,9% par rapport à 2011.

La France n’a jamais autant expulsé de sans-papiers. Selon l’entourage de Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur, 36.822 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés en 2012, contre 32.912 en 2011, soit une hausse de 11,9%. Cette source confirme ainsi une information de Libération.fr qui a recompté : « A titre de comparaison, le nombre d’expulsions était de 24.000 en 2006 et avait atteint 28.000 en 2010« .

Le site explique cette forte hausse par des expulsions massives début 2012, les derniers mois de Nicolas Sarkozy au pouvoir. L’entourage de Manuel Valls confirme que les deux premiers mois de 2012 « furent sans précédent« . En début d’année, les juges auraient prononcé davantage de reconduites à la frontière en anticipant une décision de la Cour de cassation. En effet, depuis juillet 2012, les sans-papiers ne sont plus considérés comme des délinquants.

Ce chiffre ne surprend pas Stéphane Maugendre, avocat et président du Gisti, le groupe d’information et de soutien des immigrés. « Les lois ne changent pas, les circulaires de régulation de changent pas grand chose, l’attitude à l’égard des Roms est la même, parfois pire donc je ne suis pas étonné ».

Le nombre d’expulsions en 2012 est toutefois inférieur aux objectifs du précédent gouvernement. Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur, avait prévu 40.000 expulsions si Nicolas Sarkozy était réélu.

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, 31/12/2012,

INTÉRIEUR – Un grand discours, avec de nombreuses annonces. Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a esquissé mardi 31 juillet devant les préfets ses priorités pour les mois à venir, et notamment pour la rentrée de septembre, avec un mélange de fermeté et d’ouverture.

IMMIGRATION (1) : échange garde à vue contre rétention

La Cour de cassation a annulé la garde à garde à vue des clandestins? Qu’à cela ne tienne, Manuel Valls la remplacera par de la ..rétention. Annoncé pour la fin octobre, ce projet de loi permettra de retenir pendant douze heures des immigrés clandestins. « C’est essentiel pour l’efficacité de notre politique d’éloignement », a-t-il insisté.

Le 5 juillet, la Cour avait décidé que conformément à la législation européenne, il était désormais illégal de placer des clandestins en garde à vue (24 heures renouvelables une fois), pour le seul motif de séjour irrégulier. Les policiers ne disposaient donc plus que des quatre heures d’un contrôle d’identité ou d’une audition libre pour engager la procédure préalable à une éventuelle expulsion. Cette décision de la Cour de cassation concernait 60.000 personnes par an, selon les associations de défense des sans-papiers.

Cette annonce fait suite aux inquiétudes manifestées à droite, notamment par Eric Ciotti. Le député UMP avait dit lundi avoir constaté « un effondrement de près de la moitié des reconduites à la frontière depuis le mois de mai ». Mais Manuel Valls s’était défendu de tout laxisme, en expliquant que la chute du nombre de reconduites était due “à la nouvelle donne sur les gardes à vue ».

L’annonce de Manuel Valls risque de décevoir les associations d’aide aux étrangers, comme la Cimade, qui espérait la mise en place d’ »une nouvelle mesure de pré-rétention administrative (…) pendant une durée de huit à dix heures maximum ». « Ce qu’on peut craindre c’est que le législateur invente une procédure d’exception, dérogatoire au droit commun », avait mis en garde Stéphane Maugendre, président du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti). Contactée par le Huffington Post, la Cimade a déclaré ne pas pouvoir réagir pour l’instant, car elle ne disposait pas de tous les détails de la nouvelle mesure.

IMMIGRATION (2) : Simplifier la naturalisation, mieux accueillir les étrangers, lutter contre la fraude

Même fermeté contre la fraude. Le ministre de l’Intérieur souhaite que soit menée « une action résolue contre la fraude documentaire et les filières de travail clandestin ». Une circulaire sur les critères de régularisation des sans-papiers sera transmise aux préfets à la rentrée.

Mais si Manuel Valls serre la vis contre l’immigration clandestine, il semble en revanche vouloir améliorer les conditions de l’accueil des étrangers en préfecture. Le ministre de l’Intérieur a en effet demandé à l’Inspection générale de l’administration (IGA) un audit sur ce point, qui révoltaient nombre d’associations.

Enfin, ayant visiblement à cœur d’illustrer ce mélange de “fermeté et de justice”, il a confirmé vouloir simplifier la naturalisation, « terme logique d’un parcours d’intégration réussi ». L' »entretien d’assimilation » ne se fera plus « par questionnaire à choix multiples mais par le bais d’un dispositif permettant d’évaluer au mieux l’insertion des personnes dans la société française. » « Il vous sera diffusé pour la fin de l’été un support permettant de tenir valablement les entretiens d’assimilation » et qui « aura vocation à témoigner de la capacité à adhérer à la communauté nationale et aux valeurs de la République », a dit Manuel Valls.

SÉCURITE : 15 zones prioritaires “dès septembre”

C’était une promesse de campagne de François Hollande. Rappelez-vous, c’était le point numéro 52 de ses “60 engagements”:

“Je mettrai en oeuvre une nouvelle sécurité de proximité assurée par la police dans nos quartiers et la gendarmerie dans les territoires ruraux. Je créerai des zones de sécurité prioritaires où seront concentrés davantage de moyens. Je doublerai le nombre de centres éducatifs fermés pour les mineurs condamnés par la justice en les portant à 80 durant le quinquennat. Je créerai, chaque année, 1000 postes supplémentaires pour la justice, la police et la gendarmerie.”

Cet engagement est aujourd’hui chiffré: entre 50 et 60 “zones de sécurité prioritaire (ZSP), “définies en fonction de critères objectifs de gravité” doivent être mises en place en un an, dont les quinze premières à compter de septembre prochain. Une circulaire a déjà été signée et doit être prochainement adressée aux préfets sur la mise en place de ces zones. Il s’agit, comme l’avait rappelé le ministre en juin, de « mettre en place une action de sécurité renforcée sur des territoires bien ciblés, caractérisés par une délinquance enracinée et de fortes attentes de la population ». « L’idée, c’est de mettre le paquet là où il faut, pour ce qu’il faut, avec souplesse, adaptation », avait-il résumé.

Impossible de connaître pour l’instant les lieux où seront définies ces 15 zones, qui doivent être mises en place mises en place après « analyse fine des données statistiques et qualitatives de la délinquance ». Ce que l’on sait, c’est qu’elles « ne couvriront pas forcément des espaces homogènes et pourront concerner les cités sensibles (épisodes récurrents de violences urbaines), des centres-villes dont la physionomie est dégradée (par) des nuisances diverses, ou des zones péri-urbaines ou rurales ». Elles devront aussi correspondre à des territoires “ciblés” dans lesquels “des actes de délinquance ou d’incivilités sont structurellement enracinés ». Figurent notamment, parmi eux, « l’économie souterraine, les trafics de stupéfiants et d’armes, les violences acquisitives, les cambriolages, les regroupements dans les parties communes d’immeubles d’habitation, les nuisances de voie publique et autres incivilités ».

Les zones suivantes seront proposées par les préfets, qui s' »appuieront sur l’expérience acquise lors de cette première phase », leur a dit le ministre, qui se déplacera « au cours de la première quinzaine de septembre dans plusieurs de ces ZSP », a-t-il ajouté. Toutes les unités, y compris celles de police judiciaire ou les GIR, « concourront aux ZSP ».

ROMS : respecter les décisions de justice

C’est une déclaration faite en marge de la conférence aux préfets mais qui là encore dessine le subtil mélange de fermeté et d’ouverture qui caractérise la politique du ministre de l’Intérieur. Interrogé sur Europe 1 sur les campements de Roms, Manuel Valls a affirmé que les démantèlements de campements de Roms se poursuivront « chaque fois qu’il y a une décision de justice » en ce sens. “Les choses sont simples. Oui, quand il y a une décision de justice, il y aura démantèlement de ces campements ». « Je ne peux pas admettre (…) que dans ces campements, qui accueillent parfois des centaines de personnes dans la chaleur de l’été, il y ait des problèmes sanitaires insupportables », a-t-il ajouté. « Chaque fois qu’il y a une décision de justice, chaque fois que les propriétaires de ces terrains, qui sont souvent des collectivités territoriales, en font la demande, il y aura ces démantèlements. C’est une politique à la fois ferme et respectueuse du droit », a conclu Manuel Valls.

Intervenant devant le Sénat la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur s’était dit « inquiet de la concentration dans une série de campements » et avait annoncé des « décisions de démantèlement ». Ces annonces ont inquiété les associations de soutien aux Roms, qui ont estimé que les expulsions sans solution de relogement ne faisaient que déplacer le problème.

CAMBRIOLAGES, VIOLENCES ET TRAFIC D’ARMES : les bons conseils de Manuel Valls

Pas de satisfecit. Alors que les cambriolages et les agressions contre les personnes, notamment les vols de bijoux, connaissent une hausse importante depuis plusieurs mois, Manuel valls a demandé aux préfets de redoubler d’attention. Le ministre de l’Intérieur en a profité pour prodiguer quelques conseils aux préfets, leur recommandant de s’appuyer sur “la police technique et scientifique, l’analyse des données cartographiques et l’échange d’informations entre les services ».

Le ministre a insisté sur la lutte contre les trafics d’armes qui doit selon lui rester “un axe de travail majeur ». Et là encore il a enjoint les préfets à « veiller à la mise en œuvre des mesures d’inscription au fichier des interdits d’acquisition ou de détention d’armes ».

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Laurence Neuer, 10/02/2012

La proposition de Sarkozy de confier le droit des étrangers à une seule juridiction met à mal le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

Est-il opportun d’unifier le contentieux des étrangers et de le confier à une seule juridiction ? Cette proposition de Nicolas Sarkozy, évoquée à deux mois de la présidentielle, n’est pas nouvelle. Brice Hortefeux, alors ministre de l’Immigration, avait en 2007 confié à la commission présidée par l’ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud le soin de réfléchir à la simplification et à l’unification de ce contentieux, le cas échéant au sein d’une juridiction spécialisée. Aujourd’hui, il s’agirait de confier les expulsions des étrangers entrés illégalement sur le territoire français à la seule juridiction administrative. Cela supposerait de supprimer l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD), qui contrôle actuellement la légalité des mesures de rétention administrative et statue sur le maintien des étrangers en zone d’attente ou en centre de rétention au-delà d’un certain délai. « Rassembler la procédure entre les mains d’un seul juge est une bonne chose dans la mesure où le système actuel est trop lourd et coûteux, souligne l’avocat pénaliste Pierre Olivier Sur. Réunir les deux juridictions en une allègerait la procédure et simplifierait l’accès au droit des justiciables. »
Modifier la Constitution

Pour rappel, la particularité du contentieux des étrangers vient du fait que l’acte initial a un caractère administratif (refus d’un titre de séjour, arrêté de reconduite à la frontière, etc., que l’intéressé peut contester devant le juge administratif), mais que son exécution nécessite le plus souvent une mesure privative de liberté. C’est à ce stade que le juge judiciaire intervient pour se prononcer sur la légalité de l’interpellation et de la garde à vue, ainsi que sur le respect de la notification des droits.

Est-ce pour autant à la juridiction administrative – comme le préconise Nicolas Sarkozy – de porter l’ensemble de ce contentieux ? « Cela aurait l’avantage d’attribuer au juge administratif, compétent pour contrôler la légalité des décisions administratives prises en matière d’entrée et de séjour des étrangers, qui connaît bien le droit des étrangers et dont l’efficacité est reconnue, le seul domaine qui lui échappe aujourd’hui : la rétention des étrangers en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement », souligne le rapport Mazeaud.

« En cas de rétention administrative, l’organisation du procès s’en trouverait simplifiée puisqu’au recours de l’étranger contre la mesure d’éloignement elle-même pourraient être annexées des conclusions dirigées contre la mesure privative de liberté. » Toutefois, tempèrent les auteurs, « confier à un juge administratif la mission d’ordonner la privation de liberté d’une personne physique méconnaît tout à la fois la nature de sa fonction, son métier, ses moyens d’action et surtout sa raison d’être ». Et « cette solution se heurte à un obstacle juridique majeur : l’article 66 de la Constitution confie au seul juge judiciaire la protection de la liberté individuelle ». En clair, le fait de transférer de telles attributions au juge administratif, juge de la légalité des décisions d’expulsion, supposerait de modifier la Constitution.

Brouiller la frontière de l’administratif et du judiciaire

« L’objectif du président est de donner un grand coup de pied dans le principe de séparation des pouvoirs et des ordres judiciaires, commente le président du Gisti (Groupe d’infomation et de soutien des immigrés) et avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis Stéphane Maugendre. Après avoir coupé les ailes du JLD en repoussant sa saisine à cinq jours à compter du placement en rétention, il veut à présent le supprimer totalement et obtenir cette réforme par référendum pour éviter l’écueil du Conseil constitutionnel, décrypte l’avocat. Mais, prévient-il, rien n’empêcherait une personne privée de liberté de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où elle aura été privée de liberté sans contrôle d’un juge judiciaire. »

Pourquoi, alors, ne pas confier au seul juge judiciaire le contentieux des étrangers, comme le préconise Pierre Olivier Sur ? Cela supposerait aussi de toucher aux racines de notre système et d’enterrer ce principe vieux de plus de 200 ans de la séparation des fonctions administratives et judiciaires. Et, souligne le rapport Mazeaud, « unifier entre les mains du JLD le contrôle de la privation de liberté et celui de la légalité des décisions administratives relatives au séjour des étrangers conduirait à diluer la vocation de ce juge ». Faut-il alors inventer une juridiction à deux casquettes ? Mesure contre-productive et complexe à mettre en place, avait tranché le rapport Mazeaud.

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10/01/2012

Des associations dénoncent une instrumentalisation politique du bilan de Claude Guéant.

Alors que Claude Guéant se félicite « des chiffres très bons » de son bilan de l’année 2011 en matière d’immigration, les associations de défense des étrangers ne cachent pas leurs inquiétudes. Le ministre de l’Intérieur a en effet annoncé mardi que 32.922 étrangers avaient été expulsés l’an dernier. Un résultat « jamais atteint » qui dépasse nettement l’objectif de 28.000 fixé en amont.

Autre bilan, de moins en moins d’entrées ont été autorisées sur le territoire. Selon les chiffres avancés par Claude Guéant, 182.595 premiers titres de séjour ont été délivrés l’an dernier contre 189.455 en 2010, soit une baisse de 3,6%.
« Une politique de la honte »

Les associations de défense des étrangers n’ont pas tardé à réagir à ce « bien triste record ». Interrogé par Europe 1, David Rohi, l’un des responsables de La Cimade, dénonce « une politique de souffrances et d’injustices ».

« On a des familles séparées, des gens expulsés sans leurs enfants, sans leurs conjoints, des milliers de personnes enfermées, des malades ou des personnes menacées qui ont été expulsées », s’insurge-t-il. « C’est une politique trop dure et qui à mon sens devrait être beaucoup plus ouverte pour que la dynamique à la fois culturelle et économique française se trouve enrichie comme elle l’a toujours été par l’immigration », poursuit David Rohi.

Même son de cloche du côté de SOS racisme qui a dénoncé mardi dans un communiqué « 32.922 [au lieu de 32 912] expulsions, le chiffre de la honte ». « Le gouvernement s’entête à poursuivre sa politique de fermeté », a ajouté le collectif. Se disant « inquiète au plus haut point », l’association appelle le gouvernement « à stopper cette politique de la honte ».

« Un débat perverti »

Le directeur de France terre d’asile, Pierre Henry, s’est pour sa part étonné que les chiffres de 2011 soient déjà disponibles. « L’appareil statistique n’est pas encore capable de proposer des données stabilisées », souligne-t-il, interrogé par 20 Minutes.

Pour lui, les annonces de Claude Guéant représentent un contre-feu politique face au FN. La candidate frontiste, Marine Le Pen a en effet accusé Claude Guéant de « mensonges » sur les étrangers accueillis par la France en 2011. Une accusation que le ministre de l’Intérieur a tenté de balayer mardi, chiffres à l’appui.

« La dispute de frères siamois qui semble opposer le leader de l’extrême droite et le locataire de la place Beauvau relève d’un débat perverti, qui débouche toujours sur une course sans fin à la stigmatisation de l’étranger », a commenté le président de France terre d’asile.
« Ca ne veut rien dire »

De son côté, Stéphane Maugendre, président du Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), alerte : « Si on baisse la population étrangère en situation régulière pour augmenter la population irrégulière, ça ne veut rien dire ». Il incite les politiques à penser la question de l’immigration autrement qu’en termes que ceux de la dangerosité, rapporte La Croix.

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